Se trata de la trasposición al ordenamiento jurídico español de una directiva comunitaria relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos radioactivos y combustible nuclear gastado.

La protección sanitaria de los trabajadores, de la población en general y del medio ambiente exige que estos traslados estén sujetos a un régimen común y obligatorio de autorización previa.

La nueva norma aborda situaciones no previstas por la normativa vigente; simplificar el procedimiento establecido para el traslado de residuos radioactivos entre Estados miembros, y garantiza la coherencia con otras disposiciones comunitarias e internacionales en la materia.

El número de traslados de los materiales que entran en el ámbito de aplicación de este real decreto (residuos radiactivos y combustible nuclear gastado) que se realiza en España y que implica a otros Estados miembros es muy reducido, por lo que la incidencia de este decreto en el sector es "pequeña", según el Gobierno.