El decreto establece también las medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios de los titulados correspondientes dentro del ámbito comunitario.

Un anexo al texto legal recoge también las condiciones de formación y el programa de estudios necesarios para obtener los diplomas, certificados y otros títulos de odontólogo.

La aprobación del decreto obedece a la obligación de España, como estado membro de la CE, de incorporar al ordenamiento jurídico interno lo establecido en las directivas del Consejo de la Comunidades Europeas.

Según el MEC, en su proceso de elaboración han sido consultados el Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos y el Consejo General de Colegios Médicos de España.