La norma señala que los concursos deben garantizar el libre acceso y participación de los interesados y prever mecanismos que impidan cualquier discriminación entre vinos de la misma categoría y origen geográfico, según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimetación.

Los concursos oficiales serán convocados por las comunidades autónomas o el Ministerio de Agricultura, que además se encargarán de reconocer a los certámenes organizados por entidades que ofrezcan garantías de imparcialidad, independencia y cofidencialidad.