Esta decisión, que incorpora al ordenamieno español la normativa comunitaria al respecto, fue propuesta por los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel; de Fomento, Rafael Arias Salgado; de Educación y Cultura, Mariano Rajoy; de Agricultura, Pesca y Alimentación, Loyola de Palacio; y de Sanidad y Consumo, José Manuel Romay Beccaría.

Esta medida se aplicará a toda embarcación debidamente registrada y abanderada en España, que realice navegación marítima o pesquera, pero no afectará a la navegación fluvial, los buques de guerray las embarcaciones de recreo no utilizadas para fines comerciales que no dispongan de una tripulación profesional ni los remolcadores que naveguen en una zona portuaria.

Respecto a la tripulación, el real decreto va destinado a los tripulantes enrolados y las personas en periodo de formación, mientras que no se aplicará para el personal de tierra que realice trabajos a bordo de un barco en el puerto.