La Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, en su artículo 50, establece que supone una infracción administrativa sancionable económicamente la realización de transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor condiciones, recargos o cobros indebidos, prestaciones accesorias no solicitadas o cantidades mínimas.

La Comunidad abrió un expediente de oficio el año pasado a varias empresas de telecomunicaciones, entre ellas Telefónica Móviles, ya que hasta el 31 de diciembre de 2005 la compañía cobraba en la mayoría de sus ofertas el primer minuto completo y, a partir de éste, en tramos de 30 segundos, con independencia del tiempo real de utilización del servicio.

Las compañías afectadas podrán presentar un recurso de reposición al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y acudir a los tribunales de Justicia correspondientes.

Se trata de la mayor sanción impuesta por la Comunidad a una empresa de telecomunicaciones en virtud de la citada ley. A principios de mes se impuso otra a Vodafone por similares motivos que fue de 1,4 millones.