De acuerdo con el decreto, se consideran trabajadores discapacitados aquellos que cuenten con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% y los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, así como los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Asimismo, la norma aprobada hoy señala como trabajadores discapacitados con especiales dificultades de inserción laboral a quienes padezcan parálisis cerebral, las personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual en grado igual o superior al 33%.

También se considera así a las personas con discapacidad física o sensorial, con un grado igual o superior al 65%, así como a las mujeres con discapacidad, no incluidas en los casos anteriores, en un grado igual o superior al 33.

Las medidas se instrumentarán a través de programas de integración laboral en centros especiales de empleo, de promoción de empleo autónomo para discapacitados y de integración de trabajadores con discapacidad en empresas ordinarias.