Así lo informó esta mañana la viceconsejera de Ordenación Sanitaria, Salud Pública y Consumo, María Inés López-Ibor, acompañada por la directora general de Consumo, Carmen Martínez de Sola.

Ambos acuerdos implican la colaboración entre las tres instituciones para aumentar los controles de los productos que se encuentran a disposición de los consumidores de la Comunidad de Madrid, así como para extender la vigilancia a artículos de nueva aparición en el mercado.

Según indicó la viceconsejera, "los convenios implican una coordinación de esfuerzos entre la consejería y las dos fundaciones". El papel de estas últimas será cooperar con la comunidad en la realización de ensayos y detección de productos que incumplen la normativa de calidad y seguridad.

Además de los artículos previstos, los convenios contemplan el análisis de otros productos que la Dirección General de Consumo detecte que puedan presentar problemas.

Así, cuando la Consejería de Sanidad y Consumo constata que un producto es peligroso, emite una alerta destinada tanto a los consumidores madrileños como del resto del país y de la Unión europea, según el ámbito de comercialización del artículo.

Según anunció López-Ibor, la Comunidad de Madrid emitió durante el primer semestre del año 42 alertas, el doble que en el mismo periodo del año anterior y más de las que se emitieron en todo el 2004, debido al incremento de la actividad inspectora.

La Comunidad de Madrid es la autonomía más activa en la red de alerta nacional. De las 164 alertas emitidas durante el primer semestre de 2005, 42 corresponden a la Comunidad de Madrid.

La detección de productos inseguros en el mercado madrileño ha provocado la retirada de 1.159.083 piezas, que corresponden, en su gran mayoría, a las siguientes categorías: artículos eléctricos, máquinas de uso doméstico, artículos infantiles y vehículos.