Según informa el Ejecutivo autonómico, el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, realizó hoy este anuncio durante la presentación de un curso sobre la propiedad intelectual organizado por la Confederación Española de Policía (CEP).

Granados recordó que se analizará este supuesto mal uso del presupuesto que el Gobierno regional ha destinado a Coslada para financiar agentes, vehículos y material de las BESCAM y que este año asciende a 7,7 millones de euros.

"Tomamos esta decisión por el presunto incumplimiento del convenio entre la Comunidad y el Ayuntamiento, que establece que los agentes pagados por el Gobierno regional están destinados a velar por la seguridad de los ciudadanos de esta localidad, y por lo que parece, vehículos, sueldos y material se han destinado para todo lo contrario, poniendo en grave riesgo la seguridad de estos vecinos", aseguró el consejero.

Esta medida, indicó Granados, se unirá a la decisión tomada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid de personarse como acusación particular en este caso.

Por otro lado, Granados condenó los intentos por atribuir a la formación que reciben los agentes el origen de conductas delictivas presuntamente producidas en Coslada y consideró este planteamiento "absurdo". "Culpabilizar a la formación de este caso es una manera que están utilizando los responsables políticos de este municipio, en especial el alcalde, para eludir su responsabilidad evidente sobre un asunto del que, a día de hoy, no ha dado cuenta", dijo.

De esta manera, quiso "dejar bien claro que el que exista un delincuente no tiene nada que ver con su formación ni profesional ni intelectual". Al mismo tiempo, adelantó que desde el Ejecutivo regional se está estudiando sacar adelante un sistema de control interno de la Policía Local.

Por último, Granados abogó por mejorar el sueldo de los policías a través de un plus para aquellos que trabajen en condiciones más duras, como los que desarrollan su trabajo en la Comunidad de Madrid, "para lo cual el Ejecutivo autonómico se ofrece a colaborar con el Estado" mediante la equiparación de los sueldos de los agentes nacionales a los de los policías autonómicos.