Con la aprobación de estas normas se adaptan las dirctivas comunitarias a la normativa española y, así, únicamente quedan por trasponer las directivas sobre disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras, asistencia médica a bordo de buques y obras de construcción.

La aprobación de estos decretos supone el cumplimiento de la obligación que tiene España como Estado miembro de la Unión Europea, mediante la incorporación al derecho nacional de lo dispuesto en las normativas específicas deivadas de la Directiva Marco europea sobre seguridad y salud en el trabajo.