La normativa incorpora al ordenamiento jurídico español una directiva de la Unión Europea que mejora los ámbitos de la seguridad marítima y la lucha contra la contaminación del medio ambiente marino. Su finalidad principal es incrementar el rigor con el que deben inspeccionarse los buques mercantes no españoles que arriban a nuestros puertos.

A partir de ahoa, entre otras medidas de control, se podrán inspeccionar todos los buques extranjeros siempre y cuando no hayan sido supervisados por ningún Estado miembro de la UE en los seis meses anteriores a su arribada a España o que tengan más de trece años de antigüedad.

Según el Ejecutivo, este conjunto de medidas redundará en un mayor control de los buques que surquen las aguas comunitarias, así como un aumento de la seguridad de la navegación.