"Se contempla la posibilidad de impedir el acceso desde España a servicios o contenidos cuya interrupción o retirada haya decidido un órgano competente", explicó Montilla en el marco de una jornadas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.

Por otro lado, la ley que prepara el Gobierno fija el uso obligatorio de la factura electrónica para personas físicas y jurídicas que contraten con la Administración General del Estado, creando oficinas gratuitas para las empresas que no disponga de medios electrónicos.

Asimismo, la ley revisa las reglas de comprobación de validez de la firma electrónica y obliga a los proveedores a informar sobre medios técnicos para la protección contra virus con el objetivo de "generar confianza y seguridad en la Red entre los ciudadanos y las empresas".

También se establece la obligación de las empresas de sectores de especial incidencia en la actividad económica -como son los suministradores de gas, electricidad, agua, servicios bancarios o transporte de viajeros- de facilitar un medio de interlocución telemática a sus usuarios.