Así lo afirmó hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Fernández de la Vega explicó que el texto permitirá perfeccionar el sistema de entrada legal de inmigrantes, aumentar la eficacia de la lucha contra la inmigración irregular, favorecer la integración de estas personas, y construir "un marco más claro de los derechos y libertades extranjeros en España".

Entre las modificaciones más destacadas a esta ley se encuentran la de la reagrupación familiar de los ascendientes, en la que se pide al inmigrante tener la residencia permanente y que su ascendiente tenga más de 65 años, así como de que existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España.

La reforma legal, además, vincula el inicio de la autorización de residencia y trabajo al contrato de trabajo efectivo y al alta en Seguridad Social, establece la concreción de la situación nacional de empleo en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, limita las autorizaciones iniciales a una ocupación y ámbito geográfico, de acuerdo con los motivos que dieron lugar a su concesión.

Asimismo, establece nuevas infracciones para quienes insten la autorización de trabajo para un extranjero, pero luego no lo contratan y para quienes simulan una relación laboral con el propósito de obtener una autorización.

LUCHA INMIGRACIÓN IRREGULAR

La Ley contempla una serie de mejoras en el ámbito de la lucha contra la inmigración irregular que persiguen profundizar en los instrumentos preventivos, aumentar la eficacia de los procedimientos de repatriación, de acuerdo con las Directivas europeas y la mejora de las garantías en las distintas situaciones.

Así, se incorporan las siguientes directivas: la relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes y la que obliga a los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas.

También se trasponen las directivas relativas a la asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea y la relativa a normas y procedimientos y comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación de estancia ilegal La reforma legal permitirá potenciar los instrumentos preventivos.

En cuanto a esta lucha contra la inmigración irregular, destaca la modificación que amplía el periodo de internamiento de los inmigrantes irregulares de 40 a 60 días.

VOTO DE EXTRANJEROS

Por otro lado, la reforma pretende dar un impulso político al reconocimiento del derecho al sufragio para los extranjeros, si bien lo regulado en la Ley nunca supone un obstáculo en el futuro inmediato sobre la decisión del Parlamento acerca del alcance del derecho al voto de los extranjeros.

También se modifica el régimen de repatriación de los menores extranjeros no acompañados que lleguen irregularmente a España, incluyendo laposibilidad de repatriación, de acuerdo con el interés superior del menor, con el fin de que puede ser acogido por las autoridades de protección de menores de su país.

NUEVAS INFRACCIONES

La reforma de la Ley de Extranjería también prevé evitar el "sobreempadronamiento" de viviendas o el tráfico entre particulares de falsos empadronamientos con el propósito de obtener los beneficios reales o futuros que puede otorgarles nuestro sistema,

También prevé dar una respuesta sancionadora al matrimonio celebrado en fraude de ley, evitar la reagrupación al margen de los cauces legalmente previstos (se podrá sancionar a quienes promuevan la estancia irregular de sus familiares).

Se propone un aumento de las sanciones económicas para todas las infracciones. Las infracciones leves, tendrán un máximo de 500 euros, las graves, un máximo de 10.000, y las muy graves podrán llegar hasta los 100.000 euros.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta reforma entrará en Parlamento en el primer trimestre de 2009 para su debate y aprobación.

Corbacho destacó que estas modificaciones a la normativa de extranjería recogen sentencias del Tribunal Constitucional para que los inmigrantes irregulares tengan el derecho a reunión, asociación, sindicación, manifestación y huelga.