La principal novedad, explican estas fuentes, es que se amplia de tres a nueve meses el plazo máximo para recurrir un ley por presunta inconstitucionalidad. El objetivo es acabar con la actual práctica del recurso `preventivo', que el Estado o una autonomía se ven obligados a presentar antes de que acaben los tres meses de plazo cuando no acaban de ponerse de acuerdo.

El último ejemplo de esto tuvo lugar hace dos semanas. El Consejo de Ministros recurrió ante el Constitucional los incentivos fiscales que acompañan a la Ley Foral de 35 horas de jornada laboral que han aprobado el Parlamento y el Gobierno Navarros.

El ministro para las Administraciones Públicas, Angel Acebes, aclaró que ese recurso no tenía un carácter amenazante, simplemente se agotaba el plazo y ambas administraciones no habían llegado a un acuerdo todavía en la Junta de Cooperación sobre diversos aspectos de la ley.

El Gobierno confía en que, con nueve meses de plazo, las comisiones bilaterales que ya están constituidas entre el Estado y cada autonomía -excepto Madrid y la Comunidad Valenciana- trabajarán más desahogadamente y disminuirá elgrado de conflictividad en el Constitucional.

"EXCESIVA ACUMULACION DE TRABAJO"

Según datos del Ministerio para las Administraciones Públicas, desde 1981, año en que empiezan a asumir las primeras competencias las comunidades autónomas, hasta abril de este año, por el Tribunal Constitucional han pasado 996 recursos de inconstitucionalidad.

De ese total, el Estado es el autor de 363 recursos contra leyes de las comunidades autónomas, mientras que las autonomías han recurrido 633 leyes de las Cores y disposiciones con rango de ley. Una situación de "excesiva acumulación de trabajo" que es "difíccilmente aceptable", según dice el anteproyecto de ley de reforma que mañana ve el Consejo de Ministros.

Las partes tendrán que comunicar al alto tribunal que han abierto una negociación en la comisión bilateral, al objeto de que éste les autorice a ampliar el plazo para recurrir.

Las fuentes consultadas no ocultan que una de las razones por las que el Gobierno se ha visto impelido a aprobar mañan esta reforma es el previsible aumento de la conflictividad que va a venir dado por la asunción de competencias por parte de las autonomías llamadas de `vía lenta', en educación, sanidad y otras áreas.

En un intento de ponerse `la venda antes de la herida' el Ejecutivo de José María Aznar ha buscado una salida que está inspirada, aseguran estas fuentes, en la Ley de Amejoramiento del Fuero Navarro. La Junta de Cooperación entre ambas administraciones creada al amparo del artículo 69 del Amejoramiento a cosechado buenos resultados y ha logrado que la mitad de las leyes objeto de contencioso no acabaran ante el Tribunal Constitucional.