Entre las pincipales novedades, se recoge una reducción del 30% por pago anticipado de la multa y su incompatibilidad con otras medidas que lleven aparejada una minoración económica.

Esta reducción de la multa será compatible con una "hipotética minoración del período de suspensión del permiso de conducir si el infractor se acoge voluntariamente a la realización de medidas reeducadoras".

Además, a partir de ahora se fija en dos años desde su cumplimiento el plazo de cancelación de antecedentes por infraccioes graves y muy graves, de prescripción de las infracciones (tres meses para las leves, seis para las graves y un año para las muy graves); el plazo de notificación de las resoluciones pasa de seis meses a un año y el plazo de caducidad del procedimiento, que se establece en un año.

Asimismo, se incorporan al texto novedades sobre el tratamiento dado a la concurrencia de las actuaciones jurisdiccionales penales sobre un mismo hecho que, tal y como se establece ahora, no impedirá la continuación del prcedimiento administrativo sancionador.

El Real Decreto define expresamente las actuaciones de las autoridades locales y autonómicas en los procedimientos sancionadores cuando éstos lleven aparejada, además de la sanción de multa, la propuesta de suspensión del permiso de conducir por ser ésta competencia de la Administración General del Estado.

A tal efecto se especifica que las autoridades locales competentes remitirán la propuesta de suspensión del permiso de conducir a la Administración Genera del Estado, que será el organismo encargado de resolver finalmente, previo trámite de audiencia con el interesado.

Por otra parte, el Consejo de Ministros también aprobó un Real Decreto que regula la organización y funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, órgano colegiado de carácter consultivo para el impulso de la mejora del tráfico y su seguridad que preside el ministro del Interior.

En cuanto al Real Decreto que regula la organización y funcionamient del Consejo Superior de Tráfico, las principales novedades afectan al Pleno, a las funciones, a la Comisión Permanente y a las dos comisiones sectoriales con que cuenta este organismo de carácter consultivo.

La principal modificación se produce en las funciones atribuidas al Pleno, donde están representadas todas las Administraciones públicas. Ahora, este órgano deberá informar con carácter preceptivo, y no potestativo como hasta ahora, de los proyectos de disposiciones de carácter general, de normascomunitarias y convenios o tratados que afectan al tráfico, a la seguridad vial y a la circulación por carretera.