Esta modificación ha sido recibida muy críticamente por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, que difundió hoy un comunicado en el que deplora la "drástica reducción" de sus recursos.

La nueva ley establece las siguientes modificaciones en los recargos que las cámaras cobran a las empresas: en el Impuesto de Sociedades, baja del 1,5al 0,75 por cien; en el IRPF, del 0,4 al 0,2; y en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), se mantiene el 2 por cien.

En el caso del IAE, las comunidades autónomas tendrán la posibilidad de elevar el recargo otros siete puntos adicionales, hasta un máximo del 9 por cien. Pero, en todo caso, las cámaras tendrán que comprometerse, hasta 1997, a autofinanciarse al menos en un 40 por ciento.

Las cámaras de comercio arrastran actualmente un nivel de morosidad del 40 por ciento, ya que muchas emprsas se niegan a pagar las cuotas, por entender, al igual que la patronal CEOE, que la afiliación debería ser voluntaria.

La ley mantiene la obligatoriedad de la afiliación a las cámaras, pero "compensa" a la CEOE, aceptando su propuesta de que entre el 10 y el 15 por cien de los vocales del pleno de cada cámara provincial sean propuestos por las organizaciones empresariales más representativas.

Aranzadi aseguró, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la adscripción obligatora a las cámaras es plenamente constitucional, según una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Explicó que ese régimen es el mismo que se aplica en toda la Europa continental (no en Gran Bretaña), en atención a la labor de colaboración con la Administración que desarrollan las cámaras y que, en el caso de las españolas, se centrará en la promoción de las exportaciones y la formación profesional práctica.

Concretamente, del 0,75 por ciento que pagarán las empresas como recargo sobre el Impuesto e Sociedades, dos tercios se destinarán a promover las exportaciones y un tercio a la formación profesional.