No obstante, dicho proyecto establece estímulos para aquellos arrendadores que sobrepasen esa duración mínima. El Ministerio de Agricultura reconoce que esta reducción puede ocasionar una "aparente precariedad" para el inquilino, pero cree que queda compensada con la mayor oferta de tieras. En España, un 22,1 por ciento de las explotaciones son arrendadas.

La reforma de la legislación existente sobre arrendamientos rústicos, que con las diferentes prórrogas forzosas bloqueaba las tierras hasta 21 años, pretende la concentración de la actividad agraria en los profesionales de la agricultura, así como conseguir explotaciones más dimensionadas, modernas y competitivas.

Estos son algunos de los objetivos de la Ley de Modernización, además de estimular la incorporación de jóvenes a a actividad agraria. Para ello, plantea una serie de medidas fiscales y ayudas directas e indirectas.

Así, se establecen las denominadas "explotaciones prioritarias", que son aquellas con dimensión suficiente para asegurar su viabilidad, y los agricultores "profesionales" y a "título principal", como los principales receptores de dichas ayudas.

Entre ellas, subvenciones directas para su mejora, bonificación de intereses de préstamos y cobertura de garantías de éstos. Además, a nivel comunitario, as explotaciones prioritarias tendrán un régimen específico en la recepción de ayudas.

También habrá ayudas para el fomento del asociacionismo agrario, y deducciones fiscales en la transmisión de fincas rústicas y permutas cuando estas sirvan para aumentar la dimensión de la explotación.

En el Ministerio de Agricultura se creará un catálogo general de explotaciones prioritarias, de carácter público, en el que constarán aquellas registradas por las comunidades autónomas.

JORNADAS TEORICAS

Pr otro lado, el proyecto de ley de Modernización recoge una disposición adicional por la que se eliminan las denominadas 'jornadas teóricas' del régimen especial agrario de la Seguridad Social.

Esta figura grava en cada explotación los hipotéticos jornales que les corresponderían fijados por una tabla en función de la dimensión y tipo de cultivo, independientemente de que se realicen o no. Su eliminación es una reivindicación histórica del sector.

La Seguridad Social dejará de ingresar unos 10.00 millones de pesetas con su eliminación, si bien el efecto primario (16.000 millones) quedará en una parte compensado por el aumento del impuesto sobre las jornadas reales.