En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, reconoció que "la batalla contra esta lacra está siendo difícil".

"Consciente de ello", el Ejecutivo "va a redoblar su compromiso, fundamentándose en la prevención, concienciación, cooperación y mejora de protección de las mujeres. "Es un compromiso que tiene que llevarnos a su erradicación", subrayó De la Vega.

Para conseguirlo, el Consejo de Ministros ha dado hoy "dos importantes pasos" en esta lucha. El primero de ellos consistirá en un real decreto que establece un programa específico de reinserción sociolaboral para las víctimas de esta violencia, contemplado en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Con una partida de más de 11 millones de euros, se contempla la atención específica e individualizada a las desempleadas inscritas en los Servicios de Empleo por parte de personal especializado. Podrán acceder a un programa formativo específico para favorecer la inserción laboral por cuenta ajena, y se ofrecerán incentivos para favorecer el inicio de una actividad por cuenta propia.

También se contemplan subvenciones y ayudas para el establecimiento como trabajadoras autónomas o por cuenta propia, que se incrementarán hasta un 10% respecto a las establecidas para las demás trabajadoras.

Además, se establecen incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género, como la modificación de la cuantía de la bonificación por la contratación indefinida a tiempo completo de estas mujeres, que queda establecida en la de 125 euros/mes (1.500 euros/año) durante cuatro años desde la contratación.

Según los cálculos realizados teniendo en cuenta, por un lado, el número de participantes en el Programa de Renta Activa de Inserción por esta causa y, por otro, el de mujeres que cuentan con medidas cautelares, orden de protección y con sentencia, el colectivo teórico de posibles beneficiarias puede alcanzar las 8.324.

"GPS" PARA AGRESORES

Por otra parte, el Consejo de Ministros autorizó hoy la implantación de los dispositivos electrónicos de detección de proximidad de agresores por violencia de género, para garantizar las medidas de alejamiento acordadas por los jueces.

Estos dispositivos, que De la Vega denominó "GPS contra los malos tratos", permitirán garantizar el control, seguimiento y efectividad de las medidas de alejamiento dictadas por los jueces. Su implantación comenzará en 2009 y tendrá un presupuesto de cinco millones de euros.