Como motivos de la impugnación el Gobierno considera, de acuerdo con la doctrina constitucional, que bajo la competencia estatal relacionada con la ordenación general de la economía, en donde se engloba al sector agrario, se encuentran, tanto las normas estatales que fijan las directrices y los criterios de ordenación de un sector concreto, como las acciones y medidas singulares necesarias para alcanzar los fines propuestos dentrode la ordenación de cada sector.

Señala también el Ejecutivo que la propia normativa comunitaria vincula la modulación al cumplimiento de los objetivos de solidaridad económica y equilibrio de mercados y, en general, a la atención de los intereses socio-económicos del sector agrario.

Consecuentemente, el Gobierno estima que la decisión de adoptar el mecanismo de modulación o reducción de las ayudas comunitarias que perciben los agricultores de la Sección FEOGA-Garantía corresponde, en cuanto a suestablecimiento y fijación de su extensión, al Estado.