Lo anunciaron la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que la primera puntualizó que desde el momento en que se interponen los antedichos recursos contra las antedichas leyes, éstas quedan “paralizadas”.

Por su parte, Ana Redondo subrayó que los derechos de las personas trans “no pueden esperar” y defendió la necesidad de que “se ejerzan con igualdad de condiciones en todo el país”.

Apuntó que la normativa impulsada por la Comunidad de Madrid es “regresiva” al eliminar y derogar contenidos relacionados con la protección de derechos y por establecer nuevos requisitos o condiciones para su ejercicio.

El Gobierno no impugnará todas las previsiones recogidas en las leyes recurridas, sino aquellos aspectos que consideran inconstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamental o por invadir competencias del Estado.

En concreto, se recurrirá la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión permitiendo el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que, según el Ejecutivo, “en muchas ocasiones son formas encubiertas de este tipo de pseudoterapias”.

También se impugnará la “patologización” que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a contar con un informe facultativo preceptivo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición.

A su vez, se someterá a juicio del Tribunal Constitucional la contraposición discriminatoria que hace la ley autonómica de las personas trans frente a las mujeres y niñas cuando se les permite usar espacios o equipamientos “sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de las mujeres y niñas”.

Ana Redondo apuntó que el Gobierno considera que las normas madrileñas invaden las competencias exclusivas del Estado en materia procesal y de procedimiento administrativo al excluir a las organizaciones Lgbti de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito.

La titular de Igualdad explicó que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional se produce después de haber explorado sin éxito la vía de la negociación en la Comisión Bilateral que reúne a la Administración General del Estado y a la Comunidad de Madrid.

Ante esta situación, el Ejecutivo interpone el recurso de inconstitucionalidad con efectos suspensivos, siguiendo la estela del que ha presentado el Defensor del Pueblo.

La suspensión supondría que la prohibición de las terapias de conversión tendrá carácter absoluto, que los menores de edad que quieran acceder a un tratamiento farmacológico no necesitarían acompañamiento psicológico o psiquiátrico, ni informe médico favorable, y que carecerá de eficacia la exclusión de las organizaciones Lgtbi como posibles interesadas en los procedimientos penales o administrativos sancionadores.

A su juicio, la decisión del Gobierno de recurrir ambas leyes atestigua su “firme compromiso” con “la igualdad de derechos, porque estamos orgullosos de la diversidad y de manifestarnos libremente iguales y, por eso, no puede haber diferencias entre las personas trans de Madrid y las del resto de los territorios”.