Dicho impuesto se encontraba regulado en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (ley de acompañamiento) aprobada por el Parlamento andaluz el 29 de diciembre pasado.

La impugnación ante el Tribunal Constitucional se concreta en una serie de artículos de la citada ley andaluza que regulan el impuesto sobre depósito de residuos radioactivos.

En su argumentación, el Gobierno, además de señalar que "la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estao mediante Ley", indica que tal impuesto supone una extralimitación de sus competencias al vulnerar los límites de la potestad tributaria autonómica que tiene atribuida.