Tras pedir su personación en la causa, la Abogacía del Estado pide directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, de forma cautelar y "con la máxima urgencia", revoque la decisión del juez Andreu de decretar la libertad de los piratas y de rechazar su entrega a las autoridades de Kenia, tal y como reclamaba la Fiscalía.

En el escrito presentado hoy ante Andreu, de nueve folios, la Abogacía considera "inadmisible e inasumible" que las decisiones de Andreu puedan provocar que "resulte esteril la operación llevada a cabo, queden impunes los graves actos ilícitos y se frustre la pretensión española de contribuir a la seguridad internacional".

Para argumentar su recurso de apelación, los servicios jurídicos del Estado indican que, conforme a la normativa internacional, la jurisdicción española "no es competente para el enjuiciamiento de los delitos perseguidos ni por tanto para decretar la libertad de los capturados".

Además, el escrito recuerda que corresponde exclusivamente al Gobierno "la garantía del cumplimiento de los Tratados internacionales", como el firmado el pasado mes de marzo entre la Unión Europea y Kenia y que permite la entrega de los piratas capturados por los países miembros en el marco de la "operación Atlanta" de lucha contra la piratería en el Océano Índico a este país africano.

La Abogacía destaca que, en virtud de este tratado, España está obligada, no sólo la detención de personas que hayan cometido actos de piratería, sino, "muy señaladamente, a poner a disposición de las autoridades competentes a los responsables de dichos actos"

En el presente caso este requerimiento al gobierno de Kenia ya se ha producido y "por lo tanto la previsión de los instrumentos internacionales sobre entrega de los capturados se ha hecho efectiva y debe ejecutarse".

Los servicios jurídicos del Estado consideran además que la puesta en libertad de los piratas, que continúan a bordo del "Marqués de la Ensenada", "impediría casi con total seguridad su enjuiciamiento por cualquier jurisdicción".

Por último, la Abogacía del Estado solicita al juez Andreu su personación "a la vista de la trascendencia de las decisiones adoptadas" y al considerar que estas pueden "comprometer gravemente la actuación de las Fuerzas Armadas españolas en el ámbito de una operación de la Unión Europea".

CAMBIO DE CRITERIO

El pasado viernes, en contra de su criterio y obligado por el cambio de postura de la Fiscalía, el juez Andreu se vio obligado a dejar en libertad a los bucaneros somalíes y rechazar su entrega a Kenia.

El departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza cambió la pasada semana de criterio y pidió que se dejase sin efecto la solicitud de ingreso en prisión preventiva que cursó contra los siete piratas, a los que acusaba de los delitos de detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas.

En un escrito enviado al juez Andreu, la fiscal encargada del caso, Blanca Rodríguez, se retractó de su petición de cárcel y pidió que los corsarios somalíes no fuesen trasladados a España sino a Kenia en virtud de un convenio firmado hace dos meses entre esta país y la Unión Europea.

En un auto dictado el viernes, el juez Andreu criticaba este cambio de postura de la Fiscalía y acusaba al departamento de Javier Zaragoza de querer obviar "los trámites procesales" al pedir la entrega de los piratas a Kenia.

Esa entrega, que rechazó de plano, "quebrantaría los principios constitucionales básicos del proceso y las garantías de las personas que se ven sujetas al mismo", señaló el magistrado.

Ante este cambio de postura y al no existir ninguna acusación contra los piratas somalíes, el juez Andreu se vio obligado "por imperativo legal" a dejar en libertad a los bucaneros.