El recurso se fundamenta en que el Ejecutivo valenciano incumple la Ley Orgánica de Educación (LOE), asume competencias propias de los centros educativos, divide a los alumnos y dificulta que completen los objetivos de la etapa.

Además, sostiene que las medidas relacionadas con la objeción de conciencia a la asignatura contravienen la LOE pero también la Constitución, así como numerosas sentencias del Tribunal Constitucional que, en ningún caso, autoriza esta posibilidad, según este ministerio.

En este sentido, la secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia, ha solicitado al Gobierno valenciano "respeto a la Ley y a la comunidad educativa".

Almunia recordó que más de 200.000 alumnos de siete comunidades autónomas han cursado ya la asignatura EpC con normalidad. "Las familias, los centros educativos y los alumnos han demostrado una responsabilidad de la que el Gobierno valenciano carece", indicó.

La secretaria de Estado ha señalado igualmente que "es la misma responsabilidad demostrada por los valencianos, que han sido los primeros en oponerse a una ocurrencia del consejero que parece no tener fin: comenzó anunciando que la asignatura se daría en inglés, continuó planteando dos opciones que perjudican a los alumnos y ha terminado provocando el enfrentamiento de toda la comunidad educativa".

Según el ministerio, la Orden de la Consejería de Educación valenciana no recoge los aspectos básicos de la asignatura Educación para la Ciudadanía, recogidos en la LOE, que garantizan unas enseñanzas mínimas y comunes para todo el Estado que permiten, entre otras cosas, la movilidad de los alumnos.

Por otra parte, según el Ministerio, al articular dos opciones diferentes para la asignatura EpC, la Consejería asume competencias que corresponden de manera exclusiva a los centros educativos: la organización y el proyecto educativo propio.

Asimismo, el Ejecutivo central advierte que la normativa impide que los alumnos que cursen la opción B, que permite la realización de un trabajo sobre un tema elegido por las familias, alcancen los objetivos de la asignatura.

Los contenidos, objetivos y criterios de evaluación de una asignatura obligatoria son aspectos básicos regulados por una Ley Orgánica y no pueden alterarse, defiende el ministerio.