La impugnación por parte del Gobierno se basa en que esta normativa atenta contra "la potestad originaria del Estado para establecer tributos y en las lógicas limitaciones de las Comunidades Autónomas establecidas por los principios constitucionales y las leyes dictadas por el Estado", y además, en "la vulneración de diversos artículos de la Ley Orgáica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)".

El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció hace un año su intención de elevar los impuestos sobre la banca para dedicar estos importes a la mejora del desarrollo regional.

Según la normativa extremeña, el Ejecutivo autonómico se reservaba el derecho de incluir en las leyes de presupuestos de esta región, a propuesta del Consejero de Economía, Industria y Comercio extremeño, la posibilidad de declarar eentas total o parcialmente del impuesto a las entidades que hicieran inversiones "de manera decisiva" en Extremadura.

El texto legal aseguraba que el impuesto se aplicaría sobre las entidades de crédito "por los recursos que capten de residentes con domicilio fiscal en Extremadura siempre que la casa central o las sucursales de la entidad (...) tengan su domicilio en territorio extremeño".

Además, impedía expresamente a los bancos repercutir el impuesto sobre terceras personas y prohibía a los bacos ampararse en el secreto bancario para no facilitar a la Junta de Extremadura "la cifra de sus operaciones" susceptibles de ser gravadas por el impuesto.

Asimismo, los bancos deberían abonar el impuesto mediante una "declaración-autoliquidación" que, si no se hacía en un período determinado, facultaría a la Junta para realizar una liquidación provisional con intereses de demora.

CRITICAS

Ibarra esgrimió que el nuevo impuesto era respetuoso con la Constitución en materia tributaria, si bien csechó críticas de formaciones políticas y los sectores afectados.

La Asociación Española de Banca (AEB) ya aseguró ante el anuncio de Ibarra que apreciaba "visos de inconstitucionalidad" en la nueva normativa y denunció que el impuesto atentaba contra la unidad y de mercado y la libre competencia.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) tachó la propuesta de "aberrante" e "ilegal", Izquierda Unida aseguró que era un "impuesto de derechas", CiU lo consideró "injustificado", mientras que el secreario general del PSOE, José Luís Rodríguez Zapatero, anunció su respaldo al impuesto -aunque no lo meterá en su programa electoral- y algunas de las comunidades gobernadas por el PSOE rechazaron su aplicación.