En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Fernández de la Vega respondía así al rechazo que generaron sus propias palabras y las del ministro de Justicia al discrepar de la sanción impuesta al juez instructor del "caso Mariluz".

Esas críticas, y también la sanción del Ministerio de Justicia a la secretaria judicial, han suscitado protestas y denuncias de "injerencias" políticas en el ámbito judicial.

La vicepresidenta recordó que la sanción a la secretaria judicial corresponde al Ministerio de Justicia y el Gobierno la considera "proporcionada y adecuada", y la sanción al juez corresponde al CGPJ y la tomará según su "independencia y libertad de criterio".

Desde un primer momento, el Gobierno expresó su "discrepancia" con la propuesta de sanción al juez, y así lo trasladó a la familia de Mariluz y a la opinión pública. Sin embargo, coincide "plenamente" con la petición de la Fiscalía de tres años de suspensión.

La vicepresidenta rechazó que "expresar públicamente una opinión" pueda influir en el sentido de la decisión que finalmente adopte el órgano de gobierno de los jueces, como tampoco "la alarma social" que en su día se generó por este caso.

Subrayó que en democracia todos los poderes públicos están sometidos "a la crítica pública" y las decisiones del CGPJ, adoptadas con autonomía y según su criterio, están también sometidas a esa crítica, porque su función no es jurisdiccional, sino de "política judicial".