El Ejecutivo explica en su contestación que la investigación sigue abierta por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, bajo el control jurisdiccional de los juzgados de Instrucción número 2 de Lalín (Pontevedra) y número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que realizan diligencias decretadas como secretas.

En tanto no concluyan esas diligencias no se inculpará a ningún sospechoso, aunque el Goierno reconoce tener conocimiento de que ha habido al menos siete casos en los que algunos de los aspirantes tuvieron acceso a las preguntas del examen con anterioridad al mismo.

Igualmente, el Gobierno asegura desconocer la cantidad que podrían haber pagado los examinados y quién fue el receptor final de ese dinero.

En todo caso, considera que los posibles casos de filtración y tráfico de influencias "no vicia de modo radical el sistema de exámenes hasta ahora aplicado", que reune "las idóneas cndiciones de pulcritud y ortodoxia de procedimiento".