Pérez recalcó, no obstante, que KIO le ha dado garantías al Gobierno español de que va a mantener sus empresas en España y que se considera un inversor a largo plazo en nuestro país.

Según Pérez, KIO ha explicado al Gobierno que, con la suspensión de pagos, pretend diferenciar claramente la responsabilidad del antiguo equipo gestor de Torras, encabezado por Javier de la Rosa, y el actual.

También quiere clarificar la existencia de compromisos financieros adquiridos por el anterior equipo y que, según KIO, no figuran en la contabilidad del grupo.

Pérez dijo que el Gobierno, aunque no comparte la decisión, no puede impedir que un inversor extranjero, al igual que un empresario español, se acoja al marco jurídico en vigor y presente suspensión de pagos.

gregó que el Ejecutivo no se considera responsable de esta situación y recalcó que, salvo Ercros, Prima Inmobiliaria y Fesa-Enfersa, las demás empresas del grupo kuwaití están en buenas condiciones financieras, tienen mercados y buenas expectativas.

El secretario de Estado recalcó que el sector público no entrará como socio industrial en las empresas de KIO y que la banca pública se comportará en la renegociación de las deudas del grupo igual que los demás acreedores.

A este respecto, recalcó queel Gobierno no está en contra de posibles quitas (condonación de partes de la deuda) a las empresas de KIO en mayores dificultades, pero siempre de manera "proporcional" a la que decidan los acreedores privados.

Pérez negó que KIO haya recibido un trato de favor en España. Adujo que las exenciones fiscales reconocidas en fusiones de sus empresas son las mismas que recibe cualquier sociedad inmersa en un proceso semejante y que las otorgada a Fesa se inscribieron en el plan de reconversión de los fertiizantes.