En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expresó su satisfacción por el resultado de esa cumbre.

España, explicó, deberá dedicar unos dos millones de euros a eliminar los arsenales de este tipo de munición una vez que el tratado entre en vigor.

En respuesta a una pregunta, precisó después que el Ministerio de Defensa está haciendo un informe sobre "el alcance" que esa prohibición tendrá en la industria española para lograr el estricto cumplimiento del tratado.

Hay un plazo de ocho años, explicó, para adaptarse a la prohibición, que España espera no agotar, y la intención del Gobierno es "adaptar" la industria en todo aquello en lo que se pueda ver afectada en relación con la producción y exportación de este tipo de armamento.

La vicepresidenta aprovechó la inminente celebración del día de las Fuerzas Armadas para felicitar a sus miembros y agradecerles, como dice su lema, "el valor de servir".