El escrito es la respuesta a una pregunta que hizo el diputado de CiU Jordi Xuclà sobre el estado de las gestiones impulsadas por el Gobierno para el reconocimiento del catalán, el euskera, el gallego y el valenciano en la UE.

Ese reconocimiento fue solicitado oficialmente por el Gobierno en un memorándum presentado el pasado 13 de diciembre en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores.

La petición exacta es que se permita a los ciudadanos dirigirse por escrito a las principales instituciones en su lengua vernácula; que se puedan emplear, previo aviso en un plazo razonable, ante el pleno del Parlamento y del Comité de las Regiones; la publicación en esas lenguas de los textos legales definitivos adoptados por codecisión en el Diario de la Unión: y su inclusión en el programa "Lingua" de la Comisión, como forma de promover su enseñanza y utilización.

El Gobierno explica que desde enero se han desarrollado "intensas gestiones" con todos los estados miembros a través de las embajadas y del embajador representante permanente ante la UE.

"Se ha logrado el apoyo firme de algunos países. La mayoría muestra una actitud políticamente abierta, con grados de entusiasmo variable. Mantienen reservas algunos estados, muy pocos, que temen las repercusiones que esta demanda española pueda tener en su propio territorio, así como su impacto en los ya difíciles debates sobre cuestiones lingüísticas en el seno de la Unión", explica el Gobierno.

También el Servicio Jurídico del Consejo tiene una "posición reservada" sobre la forma jurídica en la que podría plasmarse la demanda. En estos momentos "se está a la espera de recibir en breve una eventual propuesta alternativa sobre esta cuestión de la forma".

El Gobierno asegura que se siguen realizando "intensas gestiones, incluso al más alto nivel, para vencer las dudas que todavía alberga algún estado miembro".

Para ello, el Gobierno está explicando la "especificidad" de la situación lingüística de España, la necesidad de acercar la UE a los ciudadanos, que la petición española no supondría mayores obstáculos al funcionamiento de las instituciones, y que los gastos serían sufragados por España.