El ministro señaló que el gasto total previsto para este año en ILT asciende a 547.000 millones de pesetas y que habría superado los 600.000 millones en 1993, de no haberse tomado la decisión de descargar parte de su coste sobre las empresas.

A su juicio, esta es la mejor manera de comprometer a las empresas poco rigurosas en la "vigilancia y control" de las bajas édicas de sus empleados sin afectar a las que si lo son, ya que la solución alternativa, elevar las cuotas de la Seguridad Social, habría perjudicado a todas por igual y tendría un impacto inmediato en la inflación.

El ministro explicó también que, en setiembre, la Administración aumentará los efectivos de médicos inspectores dedicados a comprobar las bajas de ILT, a fin de retirárselas a quienes resulten ser enfermos imaginarios.

Para esa tarea, pidió la colaboración de las empresas y de las quecomunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia, que son las de la "vía rápida": Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía.

Por otra parte, Martínez Noval recalcó que los problemas de la Seguridad Social se concentran casi exclusivamente en estas prestaciones y que, en su conjunto, podrán mantener el equilibrio financiero en 1992, a pesar de la probable destrucción de empleo.

COMPETITIVAD

El ministro, que compareció ante el Congreso para explicar las consecuencia delTratado de Maastricht en el terreno laboral, afirmó que no puede haber mejoras en la política social sin aumentos en la competitividad de la economía.

Agregó que la cuantía de las prestaciones sociales españolas irá aproximándose "automáticamente" al nivel de las europeas conforme se vaya cerrando la "brecha" de renta per capita y PIB por habitante en relación a la media comunitaria.

Martínez Noval explicó que los Presupuestos de la Seguridad Social de 1993 tendrán que adaptarse a las previsionesde crecimiento de la inflación y el empleo, e ir acompañados de una mayor lucha contra prácticas fraudulentas que puedan poner en peligro su equilibrio financiero.

Sólo así, añadió, la economía española estará preparada para aprovechar a fondo la recuperación internacional, cuando ésta se produzca, sobre lo que el titular de Trabajo no quiso aventurar un pronóstico.

De otro lado, Martínez Noval reiteró la disposición del gobierno a negociar a partir de setiembre la reforma del INEM y la FormaciónProfesional ocupacional, así como impulsar la sustitución de las ordenanzas laborales por convenios generales del sector pactados entre patronales y sindicatos.

La reforma del INEM, según el ministro, pretende acortar los plazos de pago de las prestaciones de desempleo, así como dar un trato más personalizado a los parados y los demandantes de empleo.

Precisó, no obstante, que es muy difícil que el INEM realice la mayoría de las colocaciones registradas en sus oficinas, porque eso no ocurre en nigún país europeo.

Actualmente, el INEM efectúa menos del 10 por cien de las colocaciones (en las demás se limita a sellar contratos previamente pactados entre empresarios y sindicatos), mientras que en los servicios de empleo de algunos países europeos, la proporción llega al 30 por ciento.