Así lo explicaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que rechazaron opinar sobre las filtraciones del informe conocidas este lunes, que apuntan a un rechazo de la norma por invadir competencias autonómicas y por hacer permanentes algunas medidas aplicadas durante la pandemia.

A este respecto, apuntaron que el Gobierno respeta las decisiones del CGPJ así como los tiempos y procedimientos establecidos para la emisión de sus informes.

Por ello, el Ministerio esperará a la remisión de dicho informe, que todavía no ha sido trasladado, y que el CGPJ prevé aprobar en su pleno del próximo día 27 de enero, para hacer valoraciones sobre el mismo.

Además, las fuentes consultadas recuerdan que el informe del CGPJ es preceptivo pero no vinculante. Tuvo que ser solicitado al pretender modificar tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Desde el Gobierno se considera necesaria y urgente la aprobación de una ley que consagra y garantiza la vivienda como un derecho básico, desde el respeto escrupuloso de las competencias autonómicas y locales y a la Constitución.

Por último, aseguran desde el Ministerio que “el Gobierno cumplirá con su compromiso de aprobar la primera ley de vivienda de la democracia” y defienden que “se trata de una norma garantista que controla las subidas abusivas de precios, blinda los parques públicos de vivienda, evita su venta especulativa, combate la degradación de muchos barrios, ofrece oportunidades a los jóvenes y a los colectivos más vulnerables y da solución al drama de los desahucios”.