En la misiva, Martínez Noval asegura que la ley de control sindical es "bien precisa, muy particularmente en lo que se refiere a los datos que deben omitirse en la copia básica y en los destinatarios de la misma, entre los que se encuentra la representación legal de los trbajadores".

A juicio del ministro, el derecho de información de los representantes de los trabajadores "cuenta ya con una larga tradición y práctica en nuestras empresas, por lo que resultaría totalmente innecesario precisar o regular fórmulas específicas para llevarla a efecto".

A este respecto, el ministro se muestra convencido de que "a buen seguro las empresas tienen ya establecidos sus propios sistemas de entrega de documentación. La única peculiaridad en este caso -establecida taxativamentepor la propia ley- es la firma como requisito formal de acreditación de entrega".

Por estas razones, concluye el ministro, "no es necesario ni conveniente proceder al desarrollo de la ley en vía reglamentaria, puesto que la ley no lo prevé, ya que se trata de una norma que establece un cuadro claro de derechos y obligaciones, sobre el que no cabe hacer por parte del Ejecutivo otras distinciones que las consignadas por el legislador en el texto normativo".