Según las autoridades del país andino, la captura del barco se produjo por encontrarse faenando en aguas de la zona económica exclusiva de Argentina sin contar con el correspondiente permiso.

El Gobierno español asegura en la nota que no puede hablarse de inhibición en este contencioso, tras haber encaragado un estudio pormenorizado del lugar y circunstancias en que se produjo el apresamiento, y de cuyas conclusiones se desprende que el barco español no estaba en los límites que dicen la autoridades de Argentina.

Además, Agricultura afirma que el Ejecutivo español ha adoptado medidas ante las autoridades diplomáticas argentinas reclamando la inmediata liberación del barco y su tripulación, al tiempo que ha mantenido contactos con las autoridades de la Unión Europea para que medien en el contencioso.

Igualmente, el Gobierno recuerda que el caso del buque "Arpón" no es comparable con el del "Estai" en aguas de Canadá, ya que este se produjo en aguas internacionales violando el dercho internacional y la soberanía del Reino de España, mientras que en el caso de Argentina, las autoridades del país señalan que se trata de un área exclusiva del país, pese a las discrepancias sobre esta interpretación.

Agricultura recuerda también que se han mantenido contactos con la empresa armadora del buque apresado, y que en los últimos encuentros se han analizado las actuaciones que pueden llevarse a cabo contra Argentina en el ámbito del derecho internacional, y en éste sentido, Agricultura avierte que se ha planteado hacer uso de todas las posibilidades legales que le concede la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Según el Gobierno español, en la actualidad se encuentra a la espera de que las autoridades del país andino respondan al escrito presentado por los representantes legales del "Arpón" para que porocedan a la liberación previa presentación de un aval.

Si la Justicia argentina no responde en el plazo que fijan sus leyes, dice el Gobierno español, " fijan un aval excesivo", las autoridades españolas "se reservan el derecho de hacer uso de todas las posibilidades que concede la Convención de Naciones Unidas, incluyendo el recurso a los órganos jurisdiccionales y arbitrales internacionales".