El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, recalcó este martes que el Gobierno autonómico de Canarias tiene la obligación legal de atender a los inmigrantes menores de edad que llegan a las islas, aunque sus centros de acogida estén repletos, y confirmó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva normativa aprobada por la comunidad autónoma.