Este es el criterio que, según fuentes de Industria consultadas por Servimedia, ha decidido aplicar el departamento de Juan Manuel Eguiagaray, evitando la demora que supondría introducir un calendario de reducción de ayudas en la ley del sector anunciada por el Gobierno.

Como ya señaló el propio ministro en el Congreso de los Diputados, las ayudas a la minería, ya sea pública o privada, "se mantendrán mientras exista el sector", pero fuentesde Industria reconocieron a Servimedia que su cuantía deberá ser progresivamente inferior.

El Código de Ayudas a la minería que los ministros de Industria de la CE aprobarán en diciembre contempla unos ratios de apoyo económico estatal más duros que los vigentes hasta ahora, y éste será el documento que emplará el Ministerio para poner condiciones a Hunosa y el resto de la minería en los planes de reconversión de los próximos años.

Los responsables de Hunosa trabajan ya en el diseño de un nuevo Pan de Hunosa que, según Industria, deberá ir acompañado de más reducciones de plantilla, puesto que los costes de la empresa siguen siendo muy altos, y fuerzan unos precios del carbón entre 5 y 6 veces superiores a los del mercado internacional.

El nuevo Plan de Hunosa contemplaría una nueva reducción de 4.000 puestos de trabajo hasta 1997, medida que rechazan frontalmente los sindicatos, en tanto no se asegure el futuro de la empresa y se cumplan promesas del plan anterior, como la contratación de 80 trabajadores, la jubilación a los 58 años y la formación de 2.000 jóvenes en las comarcas mineras.

En el caso de las explotaciones que no gozan de contratos programa con el Estado, la minería privada, deberán iniciar una fase de negociación con la Administración que les permita disponer de un nuevo plan de reordenación para el periodo 1994-1997, que tampoco esperará a le ley de bases.

Con esta decisión de adelantar los ajustes en la minería, a la futura ley de bases del sector sólo le quedará laposibilidad de regular todo el reglemento por el que se rige la actividad del carbón en España, y cuyas normativas, según Industria, "están demasiado anticuadas".