El artículo 576, en su apartado uno, queda redactado como sigue: "Será castigado con las penas de prisión de tres a diez años y multa de nueve a veinicuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista".

En su actual redacción, que data de la aprobación del Código en 1995, el artículo 576 apartado uno, contempla penas de cinco a diez años de cárcel y multa de dieciocho a veinticuatro meses.

El Gobierno pretende ver aprobada con la máxima urgencia (en tres meses si se hace en lectura única en las Cortes) una modificación co la que se pone fin a la polémica abierta tras la decisión del Tribunal Constitucional de excarcelar a la antigua Mesa Nacional de Herri Batasuna.

Esa sentencia anuló la condena del Tribunal Supremo a seis años de cárcel para los dirigentes de HB que acordaron emitir un vídeo de ETA en los espacios de TV que correspondieron a la coalición en las elecciones generales de 1996. El fallo juzgaba "desproporcionado" el castigo de seis años de cárcel que les había impuesto el Supremo por colaboración con bana armada.

Con esa sentencia en la mano, se abría la puerta a la revisión de numerosas condenas de colaboradores de ETA que ya han sido juzgados por la Audiencia Nacional o van a serlo.

Adelantándose al problema jurídico y penitenciario que se iba a plantear, el 23 de julio pasado, en su primera reunión tras conocerse la sentencia de HB, el Consejo de Ministros anunció una reforma del Código Penal en el sentido que decía el Tribunal Constitucional; una modificación que habían pedido unánimemente aociaciones judiciales y todos los estamentos jurídicos tras ese fallo.

En el preámbulo del proyecto de ley que estudia hoy el Consejo de Ministros, el Gobierno asume que reforma el Código Penal para que los tribunales "puedan disponer de la suficiente flexibilidad para adecuar con justa proporción la sanción merecida a las circunstancias de mayor o menor gravedad" en la colaboración con banda armada.

El pasado 6 de octubre, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un informe sobre el poyecto de ley en el que resalta que no hay choque de competencias entre lo que propone el Constitucional y la reforma que ahora hace el Gobierno.