El acuerdo obliga a los Estados miembros a adoptar medidas eficaces para conseguir la prohibición y eliminación de la explotación laboral infantil.

Lo que el convenio considera "peores formas de trabajo infantil" se extiende a todas las formas de esclavitud o prácticas análogas, como la venta y tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo.

También incluye el trabajo forzoo y obligatorio, incluido el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados, el uso o la oferta de menores para la prostitución o pornografía y el trabajo que dañe la salud, la seguridad o moralidad de éstos.