En un encuentro con universitarios y jóvenes profesionales con discapacidad la sede de ‘Por Talento Digital’ de Fundación ONCE, Montero presentó las ayudas para la preparación de oposiciones dirigidas al colectivo y anunció que el Consejo de Ministros aprobará en segunda vuelta el anteproyecto de la Ley de Función Pública, que recoge esta medida destinada a mejorar el acceso de las personas con discapacidad al empleo público.

Montero, además, confirmó que el texto incluye también la creación en cada uno de los departamentos ministeriales de una unidad de inclusión del personal con discapacidad, medidas ambas que eran reclamadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

“Hemos ido aprendiendo a lo largo de toda nuestra historia democrática cómo hay que ponerse las gafas violetas para tener claro cómo impactan las políticas públicas en la igualdad de género. Ahora, tenemos que aprender también a ponernos las gafas de la discapacidad para que, en cualquier actuación del Gobierno, tengamos una mirada que nos permita acercarnos a cómo y de qué manera impacta sobre el sector de la discapacidad”, declaró Montero ante el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, y el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno.

La titular de Hacienda aseguró que la Ley de Función Pública trata de modernizar las administraciones públicas para que tengan “la capacidad” de adaptarse a “los retos del futuro”, algunos de ellos en un plazo “muy inmediato” como los referidos a la discapacidad.

En este sentido, reconoció las dificultades a las que se enfrenta el colectivo de cara a acceder al empleo público, sobre todo, las que sufren alguna discapacidad intelectual, y defendió adoptar las medidas necesarias para que estas personas tengan la posibilidad de plantearse prepararse una oposición, ya no solo a las categorías C o B de la administración, “sino también al grupo de técnicos superiores cualificados, en donde ojalá se incorporen muchas personas con discapacidad”.

Por último, Montero puso en valor el esfuerzo del Gobierno por tratar de garantizar el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, y recordó que se convocaron hasta 2.080 plazas en las oposiciones convocadas entre 2019 y 2021.

CONTENIDO DE LA LEY

Más allá de lo avanzado por Montero, el contenido de la norma, al que ha tenido acceso Servimedia, establece que se mantendrá que “al menos” el 2% de las plazas ofertadas sean cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto para personas que acrediten “cualquier otro tipo de discapacidad”.

La reserva se hará sobre el número total de las plazas incluidas en la respectiva oferta de empleo público, “pudiendo concentrarse las plazas reservadas para personas con discapacidad en aquellas convocatorias que se refieran a cuerpos, escalas o categorías que se adapten mejor a sus capacidades y competencias”.

Por otro lado, sobre las unidades de inclusión, que se desarrollan en la disposición adicional novena del anteproyecto, les corresponderá prestar al órgano directivo del que dependan el “apoyo administrativo especializado que precise en materia de inclusión del personal con discapacidad” y asegurar las “medidas de adaptación de puesto de trabajo” recogidas también la norma.

Además, deberán velar por la “plena incorporación y desarrollo profesional de dicho personal en su ámbito laboral, el seguimiento y evaluación de las medidas en favor de las personas con discapacidad en las ofertas de empleo público, así como la elaboración de estadísticas relativas a la efectiva ocupación de plazas en su correspondiente ámbito”.

Estas unidades se integrarán “en la estructura orgánica de cada departamento ministerial” y quedarán adscritas a la Subsecretaría a través de alguno de sus órganos directivos dependientes, de acuerdo con “lo que disponga el real decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del departamento ministerial”.

EL SECTOR LO CELEBRA

Tras conocer todos estos detalles, el presidente de la Fundación ONCE, Miguel Carballeda, celebró, sobre todo, la iniciativa de reservar el 2% del empleo público para las personas con discapacidad intelectual, que “son los que peor lo tienen”.

“Te aseguro que es un gran paso”, declaró Carballeda ante la ministra. “Lo sé yo que tengo un hijo de 25 años que tiene síndrome de Down, ministra, y yo no sé si podrá trabajar. Sé que tiene derecho, sé que tiene ilusión, sé que su padre hará todo lo posible. Pero tiene que encontrar una oportunidad en el empleo privado o en el empleo público y nos gustaría que alguien nos acompañara”, declaró.

En este sentido, apuntó que centros como la sede de ‘Por Talento Digital’ de Fundación ONCE son una “gran” herramienta para dar “las mejores oportunidades” a quienes “peor lo tienen”.

En la misma línea fue el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, quien aplaudió que el sector de la discapacidad gane tres puntos en el acceso a plazas de empleo público. No obstante, advirtió de que “no bastan solo las cuotas” y pidió al Ministerio de Hacienda garantizar que se cubren el 100% de las plazas reservadas, en contraste con el 56% actual.

“Las notas de corte y los procesos son plenamente inclusivos, y las personas con discapacidad se sienten con apoyos, pero tenemos que resolver esto. Es un fracaso que se convoquen tantas plazas en procesos que son largos y que os llevan mucha tarea y mucho trabajo a la propia Administración, y que después den como resultado plazas desiertas. Eso creo que es una falta de éxito colectivo”, afirmó.

Conducido por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, el evento se desarrolló en la sede de ‘Por Talento Digital’, el centro formativo de Fundación ONCE, y tuvo como referencia la presencia de trabajadores con discapacidad en el sector público. En este sentido, los datos del INE de 2021 señalan que el 24% de los asalariados con discapacidad trabajan en este sector, lo que supone más de 125.000 personas, un porcentaje ligeramente superior (23%) al del resto de la población.

Además, las cifras indican que su presencia se ha incrementado en los últimos años, con 35.000 nuevas incorporaciones desde 2014, un aumento del 40% frente al 15% registrado en la población sin discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad, el perfil se corresponde con el de una mujer (56%) de entre 45 y 64 años (93%) y con una discapacidad asociada a la movilidad y la audición. La jornada abordó también la convocatoria de ayudas para promover el acceso al empleo público de las personas con discapacidad.