Concretamente, el documento titulado "Consolidación del Sistema de Protección por Desempleo", propone la supresión del seguro de paro a los trabajadores que ejerciten el derecho recogido en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.

Dicho artículo señala que los empleados de una empresa "no podrán ser trasladados a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia, a no ser que existan razones técnicas, organizativas o productivas quelo justifiquen".

En este mismo documento, el Gobierno aboga por negar también el seguro de paro a quienes prefieran abandonar su trabajo ante modificaciones sustanciales en sus condiciones de trabajo, que son las relativas a jornada, horario, sistema de remuneración y régimen de trabajo a turnos.

Sólo se "salvarían" los trabajadores que soliciten la extinción del contrato cuando las citadas modificaciones vayan en perjuicio de su formación profesional, en menoscabo de su dignidad o cuando se haya producido falta de pago o retrasos continuados en su abono.

INCOMPATIBILIDAD

Por otra parte, el Gobierno también concreta en los documentos entregados a patronal y sindicatos su propuesta para "relacionar" la indemnización de despido con el seguro de paro.

A este respecto, puntualiza que el sistema que propone consiste en suspender el pago de la prestación pública durante el periodo en que la indemnización sea suficiente para compensar la pérdida de salario sufrida.

Asimismo, el Ejecutivodeja claro su propósito de que las prestaciones de desempleo paguen el IRPF y estén sujetas a las mismas retenciones, de acuerdo con su cuantía, que las aplicadas a los salarios.

Además, se endurecerán las condiciones para acceder al subsidio de paro (al que tienen derecho los desempleados que han agotado las prestaciones contributivas), en el sentido de considerar como responsabilidades familiares exclusivamente a tener a cargo al cónyuge e hijos.

PENSIONES

Por lo que se refiere al documento rlativo a la reforma del sistema de pensiones, el Gobierno utiliza unos términos menos explícitos.

No obstante, deja entrever su intención de reducir las cuantía de estas prestaciones mediante "una mayor ponderación de la vida laboral" a la hora de calcular su importe, es decir, un alargamiento del periodo tomado como base para calcular la pensión inicial.

A su juicio, esta medida es necesaria para garantizar la viabilidad del sistema, dado que "la evolución de la esperanza de vida hace prever queen los próximos 10 años el incremento del número de pensiones se sitúe en torno al 2 por cien interanual".

En cuanto al documento relativo a la política de rentas, el aspecto más destacado es la referencia a que las empresas públicas con beneficios incrementen sus salarios en 1994 dos puntos por debajo de la inflación prevista.

Esta medida tendría el efecto paradójico de que los trabajadores de estas empresas lograrían incrementos salariales inferiores a los de las empresas públicas del Metal, co fuertes pérdidas en su mayoría.

Las federaciones sindicales de estas empresas firmaron recientemente un acuerdo que garantiza el mantenimiento del poder adquisito e incluso una ligera revalorización para los próximos tres años a más de 69.000 personas.

De cara a los empresarios, el documento señala que su aportación debe consistir en llegar a "compromisos claros de inversión, moderación en la política de dividendos e impulso de actividades generadoras de empleo".

Finalmente, los documentos elativos a las medidas activas de reanimación de la economía y de modernización de la negociación colectiva no contienen ninguna novedad respecto a lo avanzado ayer por el ministro de Economía, Pedro Solbes.