Por lo que se refiere al primero de ellos, Serra explicó que el propósito es configurar un criterio para la elaboración de las materias secretas,que tendrá tres ámbitos distintos: la declaración (que corresponderá a las Cortes), la clasificación (que será competencia exclusiva del Consejo de Ministros) y la calificación de un documento concreto, competencia que estará asignada a los diferentes ministros afectados.

El anteproyecto prevé también, en consonancia con la normativa utilizada actualmente en organismos internacionales, el establecimiento de cuatro categorías distintas, atendiendo al grado de protección que requieran los documentos: maerias secretas, reservadas, confidenciales y de difusión limitada.

Otro de los objetivos que se persigue es la creación de la Autoridad Nacional de Seguridad, un organo que permitirá al Gobierno controlar la protección y el buen uso de las materias clasificadas.

Serra indicó que el anteproyecto exceptúa de la restricción del conocimiento de estas materias a las Cortes y al Defensor del Pueblo, en la manera en que lo regulen sus respectivas normativas.

COLABORACION CON LA JUSTICIA

Igualment, señaló que también se pretende regular el secreto oficial y su alcance en el ámbito del deber de colaboración con la Administración de justicia, estableciendo los requisitos de la solicitud motivada por jueces o tribunales, así como el contenido motivado de la resolución que adopte el Gobierno.

Otra posibilidad que permitirá la nueva normativa será la de no desclasificar el documento secreto, pero sí entregar una certificación limitada de los extremos que puedan ser revelados, sin poner en peligro l seguridad del Estado.

Finalmente, el anteproyecto hace referencia a un aforamiento especial de los delitos de revelación de secretos, que será en favor del Tribunal Supremo.

En cuanto a los criterios sobre la nueva ley del Cesid, Serra subrayó que lo principal es convertir a este centro en un "puro servicio de inteligencia", alejando cualquier tentación de que asuma funciones de carácter policial que no le corresponden.

El anteproyecto recoge la posibilidad de que el Cesid pueda solicitar d una autoridad judicial comisionada por las Cortes y nombrada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la adopción de medidas restrictivas del derecho al secreto de comunicaciones.

Igualmente, contiene un régimen de control parlamentario y administrativo del servicio que será ejercido a través de una comisión parlamentaria de composición restringida. Por su parte, el ministro de Defensa tendrála obligación de remitir un informe anual a dicha comisión sobre las actuaciones y el grado de cumplimento de los objetivos del Cesid.