Así se establece en el informe del vicepresidente segundo y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, analizado hoy por el Consejo de Ministros y que se refiere al Anteproyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por un Real Decreto de 22 de diciembre de 1989.

El Anteproyecto de Ley transpone a la normativa española un aspecto puntual establecido en la Directiva comunitaria de 18 de junio de 2003.

En concreto, la regulación europea no permite que los Estados miembros puedan conceder a las sociedades con valores admitidos a cotización determinadas dispensas relacionadas con la información financiera que deben suministrar.

Además, el texto indica que será obligatorio también que las sociedades cotizadas elaboren el informe de gestión, que deberá ser revisado, junto con las cuentas de empresas, por auditores independientes.

La nueva normativa permitirá aumentar la transparencia financiera de las sociedades cotizadas e incrementará la comparabilidad de esta información económico-financiera con la que deben suministrar las empresas de los restantes Estados miembros de la Unión Europea.