Esta es una de las propuestas que el Gobierno ha hecho a los agentes sociales para la reforma del Sistema de Protección Social, y que hoy ha presentado el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

Según explicó Granado, esta reforma "no se hace en la urgencia ni en la emergencia", ya que la Seguridad Social española vive un momento "excepcional", pero será necesario para garantizar el futuro del Sistema de pensiones.

Una característica de esta reforma será que no se centrará exclusivamente en la pensión de jubilación, como hicieron reformas precedentes, sino que afectará también a otras prestaciones, como la de viudedad.

En este caso, la reforma se llevará a cabo en dos pasos: primero, se incrementará el arco de beneficiarios de estas prestaciones con las parejas de hecho que puedan demostrar un periodo mínimo de convivencia; en un segundo paso, el Gobierno propone fijar una fecha y los nacidos con posterioridad a ese día accederían a "una nueva pensión de viudedad".

"Sería una reformulación integral de la prestación por viudedad", afirmó Granado, quien añadió que se trataría de que su cuantía se estableciera en función de la dependencia económica que el beneficiario tuviera de ella.

CONTROLAR LAS BAJAS

Otro de los aspectos al que afectaría la reforma propuesta por el Ejecutivo sería sobre las prestaciones por incapacidad temporal. Según el secretario de Estado, "existe un pequeño contingente de personas que hace un uso indebido de esta prestación".

Por esto, el Gobierno quiere "controlar" la percepción de esta prestación, para lo que afirma que tiene "unos medios legales para evitar estas situaciones".

Sobre la pensión de jubilación, la propuesta trata de retrasar la edad real de jubilación de los españoles para mejorar estas prestaciones, para lo que aboga por mejorar los incentivos a la prolongación de la vida activa y apuesta por retrasar la edad permitida de jubilación anticipada hasta los 61 años (frente a los 60 años actuales).

En este sentido, el Ejecutivo quiere eliminar el límite a la pensión máxima para aquellos trabajadores que prolonguen su vida laboral por encima de los 65 años, siempre y cuando lleven más de 35 años cotizando.

Además, propone reducir de 35 años cotizados a 15 años el requisito para acceder a los incentivos que en la actualidad tienen aquéllos que se jubilen más allá de los 65 años, que les permiten mejorar en un 2% anual su pensión.

CUALIFICADAS

La propuesta también alcanza a los trabajadores del hogar. En este caso, el Gobierno quiere crear un modelo de formación de estos empleados para que puedan asistir "con mayor eficacia" a las personas dependientes.

El Ejecutivo apuesta también por incentivar la contratación de estos empleados del hogar cualificados e incluirlos "paulatinamente" en el Régimen General de la Seguridad Social, abandonando el actual Régimen Especial de Trabajadores del Hogar.

En cuanto al Fondo de Reserva del Sistema, Granado admite que es necesaria una mejora en su gestión, aunque asegura que la situación actual del fondo es "buena".

En este sentido, afirmó que "España tiene el único fondo de reserva del mundo que tiene que invertir el 100% en fondos públicos, esto ofrece excelentes garantías pero menor rentabilidad". "Necesitamos mantener la seguridad, pero aumentando las posibilidades de inversión", señaló.

Granado apuntó que la inversión en deuda pública de las comunidades autónomas "es una posibilidad, pero plantearía problemas al explicar por qué invertimos en unas y no en otras". "Por eso soy partidario de no invertir en ninguna", admitió.

No obstante, el secretario de Estado de Seguridad Social subrayó que la reforma del sistema de pensiones se haría mediante "reformas paulatinas, no radicales, que entrarían de forma continuada en los próximos años, no de manera abrupta".