Peña recalcó que es preciso llegar a un nuevo reparto de los ingresos y gastos públicos, en el marco del pacto de financiación autonómico, pero se mostró contrario a que se ase sobre todo en la cesión de la gestión del IRPF a las comunidades autónomas que lo reclamen.

A su juicio, esa medida, sería insolidaria con las regiones más pobres, como consecuencia de las grandes diferencias de riqueza regionales y personales existentes en España, en donde la renta per capita de Baleares duplica la de Extremadura.

Afirmó que hay además problemas técnicos, como los derivados de la existencia de hechos imponibles situados fuera del ámbito de la comunidad. "Ahora mismo, esta seía una decisión muy gruesa, que no se puede tomar alegremente", añadió.

Por esa razón, se mostró partidario de "decidir de mutuo acuerdo la política fiscal", ya que así se establecerá una auténtica corresponsabilidad que hará "mucho más fácil determinar cómo se reparte el dinero, quien se lo gasta y cómo".

Para Peña, las comunidades autónomas que quieran tener una fiscalidad diferenciada deberían plantearse la imposición de recargos autónomicos sobre el IRPF, una vez que el Tribunal Constituciona sentenció que entra dentro de sus competencias.

En su opinión, las comunidades podrían obtener por esa vía y otras que describió genéricamente como "técnicas federales de corresponsabilidad fiscal" una financiación "muy suculenta", sin presionar sobre el Estado.

CASI 4 BILLONES EN TRANSFERENCIAS

Por otra parte, Peña señaló que las transferencias de la Administración Central a las comunidades autónomas y corporaciones locales ascenderán este año a casi cuatro billones de pesetas, incluyendo la articipación en los ingresos del Estado, las del Fondo de Compensación Interterritorial y otras.

En conjunto, el Gobierno estima que la capacidad de gasto de las corporaciones locales se elevará en 1992 a 4.366.000 millones de pesetas y el de las comunidades autónomas a 6,5 billones.

Peña explicó que las transferencias a los gobiernos regionales crecerán más que el gasto público del Estado porque las competencias autonómicas se centran en gastos sociales y de servicios, que son los que menos se vrán afectado por las restricciones presupuestarias.