Estas dos medidas se incluyen en el anteproyecto de reforma de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo común, que regula la relación del ciudadano con las administraciones. El Gobierno lo ha enviado hoy al Consejo de Estado para que emita su preceptivo informe.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro para las Administraciones Públicas, Mariano rajoy, ha explicado que aunque el `silencio administrativo' es con carácte general favorable al peticionario, vía reglamento se han introducido tantas excepciones que la regla general se ha convertido excepción. Rajoy ha asegurado que, hoy, un 70% de los casos el silencio es negativo, frente a un 25% positivo.

Con la reforma, cualquier administración a la que se haya dirigido un ciudadano tiene que responder antes de tres meses, que podrán prorrogarse hasta seis meses si la petición está incluida en las excepciones que se contemplan en el reglamento. En casos especiales, sepodrá establecer un plazo mayor de esos seis meses si lo aprueban las Cortes generales por ley.

"Sólo por ley", ha explicado Rajoy, "se podrá decir que la respuesta de la administración, cuando no se da, tiene un valor negativo".

Restaurar el recurso de reposición, comentó el ministro, significa que un ciudadano al que su alcalde le deniega una licencia ya no tendrá que recurrir en primera instancia ante lo contencioso-administrativo, que es "un follón". Se le vuelve a dar la posibilidad de volve recurrir ante el órgano que deniega, en este caso el alcalde, con lo que el edil tiene posibilidad de reconsidera su postura.

La reforma introducirá los siguientes principios generales: buena fé, confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación de las administraciones públicas no será modificada y lealtad institucional (se regulan los instrumentos de cooperación entre instituciones).