Fuentes gubernamentales reconocieron a Servimedia la preocupación por el futuro de la cobertura socio-sanitaria para las personas dependientes, que, según las previsiones que se manejan, se incrementarán notablemente en los próximos años por el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de a población española.

Ante ese problema, los actuales sistemas de protección y cobertura social podrían tener graves dificultades económicas y de infraestructura para atender a los dependientes, lo que hace necesario buscar un modelo capaz de solucionar este problema. Surge así la idea del seguro de dependencia, un modelo que ya funciona en otros países de la Unión Europea (UE) y en Estados Unidos.

En España hay actualmente entre 900.000 y 1.200.000 personas con dependencia, según los datos de la compañías aseguradoras, si bien la mayoría son atendidos directamente por sus familiares, que, además, corren con gran parte de los gastos de sus cuidados.

El mayor número de estos dependientes se corresponde a personas mayores de 80 años y, teniendo en cuenta que en el año 2010 casi se duplicarán los octogenarios en España, el riesgo de que haya más dependientes aumenta notablemente.

FISCALIDAD

El Gobierno maneja un informe elaborado por la Dirección General de Seguros, que contempla varios spuestos para acometer el nuevo seguro: que la cobertura de los dependiente sea financiada íntegramente por el Gobierno, vía presupuestos, que sea un seguro completamente privado o que se opte por un modelo mixto, para garantizar el control público de la asistencia. Este último parece el sistema más probable.

No obstante, aun sin decidir el modelo final, el Ejecutivo prevé otorgar ventajas fiscales para impulsar este tipo de seguros, principalmente mediante la consideración de las aportaciones económics como un gasto deducible en el Impuesto sobre la Renta. Se trataría de aplicar beneficios fiscales a primas y aportaciones con el objeto de potenciar este producto y convertirlo en un modelo de ahorro a largo plazo, como ya ocurre con los fondos de pensiones.

Otra línea de beneficio fiscal pasaría por reducir los impuestos que pagan los centros sanitarios o asociaciones que ofrecen asistencia a los asegurados. En este caso, se recortarían las aportaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) oel Impuesto de Sociedades.