Así lo ha expresado hoy el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien se ha comprometido a que será "más pronto que tarde", durante su intervención en la inauguración de la Conferencia de Lanzamiento de la Convención, que se celebra hoy en Madrid.

El inicio del proceso de ratificación comienza el 30 de marzo de 2007, si bien los principios de la Convención no serán obligatorios hasta 30 días después de que se alcance la ratificación de 20 países.

Para validar este texto, con el que las personas con discapacidad van a disponer de un marco protector y garantista inédito en el sistema de la ONU, es necesaria la autorización previa de las Cortes mediante votación por mayoría simple.

Caldera dijo que "seis días han sido suficientes para que España se ponga manos a la obra y convoque esta importante jornada de trabajo", donde se aprobará el plan de acción para ratificar el texto de la Convención de la ONU, "e incorporarlo a nuestras prácticas sociales y políticas".

Según el titular de Trabajo, en los países desarrollados también es importante "levantar la voz a favor de aquellos que sufren déficits en sus derechos más básicos". También reconoció la labor de las entidades que representan a las personas con discapacidad, pues han sido ellas quienes "han trabajado para promover esta Convención y poner en valor a todos los ciudadanos".

Sobre el día de ratificación de la Convención, el director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando Fernández-Arias, afirmó que será "el mismo 30 de marzo", para añadir que "llegaremos a tiempo".

Y es que, según señaló el profesor de la Universidad de Galway Gerard Quinn, será necesaria "la adopción de legislación nueva cuando hiciera falta y la anulación cuando ésta fuera 'no coherente'".

Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Mario García, afirmó que se ha conseguido que "el movimiento de la discapacidad se haga realidad y se sitúe en el plano que siempre debió estar: el de los derechos humanos".

Esta Convención, agregó, "es un arma legal que obligará a velar por nuestros derechos y libertades, y abre puertas para exigir que se inicie un proceso de reflexión que analice el marco político español y fortalezca las herramientas judiciales".