El proyecto prevé eliminar de las competencias de los órganos provinciales las llamadas competencias "expansivas" que facultaban a estos para intervenir en campos que, de forma difusa, ahora se adjudican al interés general.

Se trata, en palabras del ministro Sevilla, de que "la diputación pase a ser una entidad al servicio" de los ayuntamientos en la prestación de servicios mancomunados como recogida de basuras, construcción de infraestructuras comarcales y otros.

El anteproyecto de ley será sometido a la consideración de los grupos parlamentarios y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) antes de que lo apruebe el Consejo de Ministros, en diciembre, para remitirlo a las Cortes.

Sevilla ha explicado que el texto no entra en la cuestión del nombre que deben de tener los futuros órganos provinciales, diputación o "veguería", en el caso catalán, ni en el número de estas. De hecho, según el proyecto de reforma de Estatuto de Cataluña, esta comunidad pasaría de las actuales cuatro provincias a las siete "veguerías".

El ministro ha explicado que el proyecto del Ejecutivo pretende dar "autonomía política" a los 8.000 ayuntamientos españoles y no sólo una mera descentralización administrativa. Prueba de ello, dijo, es la idea de crear una "cláusula general de competencias" a favor de los consistorios en la futura ley.

Se entiende como tal cláusula general que el municipio "dispone de libertad plena para ejercer su iniciativa, siempre que la competencia no esté reservada a otra administración o que la actividad esté expresamente prohibida por ley".

AYUNTAMIENTOS "CREADORES DE COMPETENCIAS"

En palabras de Jordi Sevilla, se quiere pasar de unos órganos municipales administrativos a otros políticamente relevantes como "creadores de competencias" nuevas.

El texto que aprobará el Gobierno en diciembre estipulará a priori una lista de competencias genéricas, y definirá la tarea de los alcaldes, concejales y pleno municipal.

Según el ministro, se pretende reducir la "arbitrariedad" en las concesiones y licencias otorgadas por los alcaldes porque, por un lado, se les amplía el número de casos de concesión directa, pero, por otro, se faculta a la oposición para pedir información y controlar.

En este sentido, los plenos podrán crear comisiones de investigación y se regula con mayor detalle el sueldo de concejales y diputados provinciales, especificando "con mayor detalle" la regulación del régimen de dedicación parcial.