El borrador del plan, que fue presentado hoy por el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, cifra las inversiones necesarias entre 1991 y el 2.002 en 6,6 billones de pesetas, de los que 5 serán aportados por Telefónica.

El resto corresponde a Correos y Telégrafos (51.700 millones), Retevisión (138.200 millones), el satélite Hispasat (91200 millones), inversiones de apoyo (207.700 millones) y el segmento desregulado del sector, principalmente terminales y centralitas telefónicas (1,1 billones).

El plan propone como objetivo alcanzar las 50 lineas por cada 100 habitantes en 1998, lo que situaría a España al nivel de Italia, Bélgica y Grecia, y llegar a las 56 en el 2.002, lo mismo que Francia, Reino Unido y Alemania.

Pasando de lo cuantitativo a lo cualitativo, los principales objetivos del plan son, además de limitar a menos de 0 días el tiempo en lista de espera para lograr una linea, reducir las reclamaciones por facturación a menos del uno por mil y que las llamadas urbanas infructuosas no lleguen al 1 por cien.

En el capítulo de precios, el plan señala que el objetivo es alcanzar una estructura tarifaria "que refleje los costes del servicio", lo que presumiblemente se traducirá en nuevas subidas por encima de la inflación en las llamadas urbanas.

CONTRATO TELEFONICA-ESTADO

Por otra parte, Borrell también presentó oy al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, del que forman parte expertos y representantes de la Administración central y autonómica, el nuevo contrato del Estado con Telefónica.

Este contrato, que sustituye al vigente desde 1946 y tiene una vigencia de treinta años, será aprobado por el Consejo de Ministros antes de fin de mes.

El objetivo básico del contrato para los próximos cinco años es la colocación de teléfonos públicos en todos los núcleos de población con más de 10 habitantes, como pso previo a la universalización del servicio.

En una comparecencia ante los medios de información al término de la reunión del Consejo Asesor, Borrell reiteró que el Gobierno mantendrá su proyecto de reforma de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, que faculta al Gobierno para imponer multas de 100 millones de pesetas a las radios que emitan cintas grabadas sin autorización.

Además, no descartó aceptar la sugerencia de algunos miembros del Consejo Asesor para que las sanciones no tengancarácter administrativo sino penal, lo que haría necesaria la reforma del Código correspondiente.

Señaló también que había "tomado nota" del deseo de los representantes del Gobierno vasco de contar con una red propia de telecomunicaciones, para lo que sería introducir una enmienda en la tramitación parlamentaria de la reforma de la LOT.

Finalmente, el ministro aseguró que la ley de las televisiones por satélite entrará en vigor antes de que el satélite Hispasat, que será lanzando a finales de 199, esté operativo.