A tal fin va dirigida la estrategia de incluirlas a todas ellas en la lista de la UE de organizaciones próximas al terrorismo. Se trata de `congelar` sus cuentas y "descremar" así la actividad del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), en palabras de un miembro del Ejecutivo.

Si el proceso europeo obliga a modificar la legislaión española para ilegalizar a esos grupos y empresas, se hará. Pero entonces ya será una consecuencia del cambio de actitud europeo por el clima suscitado tras el atentado del 11 de septiembre en EEUU, y no una acción unilateral de España.

Esto supone un cambio de estrategia del Ejecutivo de José María Aznar respecto a los anteriores de Felipe González, que estudiaron directamente la ilegalización y encontraron en la tradición jurídica española -los delitos los cometen personas físicas, no organizacines- un muro infranqueable.

A pesar de su intento de arroparse en la UE, el Gobierno Aznar es consciente, según las fuentes consultadas, de la dificultad no ya de ilegalizar hoy Batasuna, sino de sacar adelante la lista de la UE en los próximos meses.

Para empezar, no todos los países están de acuerdo en la definición de terrorismo. Francia y Bélgica tienen reticencias respecto a lo `avanzado` de la definición porque afectaría a su tradición de asilo.

Además, España puede encontrarse con el echo de que los socios comunitarios insten a ilegalizar Batasuna antes de incluirla en la lista, con el argumento de que la UE no puede `congelar` los fondos de una organización legal.

LO TRATARA EL PACTO ANTITERRORISTA

Por el momento, el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, ha insistido hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en que esta estrategia irá a las reuniones del Pacto Antiterrorista con el PSOE porque el Ejecutivo siempre ha actuado "con la máxima lealtad" cuando decombatir a ETA se trata.

Cabanillas ha señalado que lo reiterado por José María Aznar, que el Gobierno estudia pedir la inclusión de Batasuna y otras organizaciones en la lista de la UE, parte de la "convicción" de que ayudan a ETA.

Una convicción avalada por el "hecho" de la detención del portavoz de Batasuna en Azkoitia, Altuna Epelde, que albergaba en el garaje de su casa un coche-bomba dispuesto para atentar.

El caso de este cargo se une a otros muchos en los últimos cinco años, en los qe la presión policial y la falta de `cantera` en ETA han hecho que la organización haya tirado de los cuadros `abertzales`. El más sonado lo protagonizó Ibón Muñoa, concejal en Elgoibar acusado de dar datos para el secuestro de Miguel Angel Blanco, y de alojar en su casa al `comando Donosti` que le asesinó.

Los cargos públicos de cualquier formación, ha advertido este mediodía Cabanillas en alusión a esa impunidad que quiere evitar el Gobierno, "están supeditados al marco jurídico del Estado de Derech".

Según ha respondido a preguntas de un informador, aunque Batasuna sea legal, hay diferencias entre un ciudadano pacífico y Asier Altuna Epelde, y no se puede considerar a los dos "igual de demócratas".

LA CLAVE, EL `CASO EKIN`

Una de las pruebas que manejará el Ejecutivo ante a UE, según otras fuentes próximas al Gobierno, es un auto del juez Garzón de 22 de noviembre de 2000. Ese auto contenía el procesamiento de cuatro miembros de la coordinadora de alfabetización en Euskera (AEK), por finnciar a las juventudes de Jarrai (ahora Segi) y pagar los sueldos de los miembros de KAS.

Según estas fuentes, tirando de ese `ovillo` y de las editoriales con cuentas en países del Caribe que, según un reciente informe de la Guardia Civil, financian a ETA, puede venirse abajo todo el entramado del MLNV. Y, de paso, el Gobierno Vasco se vería obligado a dejar de financiar a AEK para las clases de euskera.

En su auto de hace un año, Garzón argumentaba que Juan María Mendizábal Alberdi, Eduardo Kone Rekondo, Erramún Osa Ibarzola y Angel María Olade Arrieta han podido incurrir en un delito de integración en la organización terrorista ETA-KAS, dado que "perteneciendo a KAS han formado parte de los Consejos de Administración de AEK entre 1992 y 1998".

"Por ello, su actuación no es ajena a la actividad desarrollada en el ámbito de la organización criminal de ETA-KAS", añade Garzón, para quien estos imputados "desarrollan a través de AEK toda la dinámica relacionada con la enseñanza del euskera en e ámbito del frente cultural y de masas [...] como instrumento esencial para la construcción del llamado 'Estado Paralelo' al español, para deslegitimarlo y subvertirlo".

El juez sostiene que AEK "responde al criterio establecido en la ponencia `Karramarro` (cangrejo) de 1994, en la que ETA-KAS asume el proyecto de desobediencia civil para "hacer frente contínuamente a la opresión española y francesa".

Para el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, AEK como s sociedad instrumental Galgaraka S.L. han estado integradas en ETA-KAS al menos hasta 1998, "tanto en la estructura criminal de la organización terrorista [...] como en el frente o entramado económico y financiero".