Después de que el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobara por mayoría el pasado miércoles un informe al anteproyecto en el que reclamó al Ejecutivo la facultad de seleccionar el acceso a la carrera judicial, que actualente ejerce el ministerio de Justicia, los diversos sectores judiciales han reaccionado de forma indemediata.

El principal objeto de la reforma ministerial prevé la creación de Juzgados Centrales de Primera Instancia y una Sala de lo Civil en la Audiencia Nacional sobre los que se concentrarán, casi de forma exclusiva, la tramitación de suspensiones de pagos y quiebras de las grandes empresas.

Ese aspecto ha llamado la atención de Jueces para la Democracia que, en un comunicado, destacó "su preocpación" por que se limite al arbitrio de unos pocos jueces las suspensiones de pagos, que en la actualidad llevan la totalidad de los juzgados civiles "lo que además lleva consigo la proximidad al ciudadano".

Para Jueces para la Democracia, esa concentración "facilita la presión sobre esos juzgados por parte de los poderes económicos" y, además, consideran que el sistema de nombramiento de sus titulares "facilita la arbitrariedad".

La asociación no cree tampoco que la reforma puede justificarse pr razones de eficacia, ya que "el limitadísimo número de juzgados a los que se encomiendan estos asuntos hace seguro su inmediato colapso", al tiempo que subrayan que el nuevo texto no modifica las leyes que regulan estos procedimientos, "que son la causa principal de la insatisfactoria solución actual de estos temas".

SECRETARIOS "A DEDO"

El anteproyecto plantea también un nuevo sistema de nombramientos de secretarios judiciales de primera categoría (los que desempeñan sus funciones en el Tribunal upremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales), que ha sido calificado por las dos asociaciones profesionales, Colegio Nacional y Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPS), como un nuevo intento del ministerio por controlar el Poder Judicial.

Los secretarios de primera categoría serán designados ahora por méritos y no por antigüedad o a propuesta de la Sala de Gobierno, como se lleva a cabo en la actualidad.

Ese nuevo sistema de nombramiento "a deo" permitirá al Gobierno, según las asociaciones, controlar los puestos claves de la Administración de Justicia a través de los secretarios judiciales.

"¿Qué independencia tendría un secretario judicial nombrado a dedo que interviniera en asuntos tan delicados como KIO, Filesa u otros similares?", cuestionan las asociaciones.

Los secretarios, que habían fijado una huelga para el próximo lunes para protestar por "el continuo incumplimiento por parte del ministerio de Justicia con el cuerpo de secrtarios judiciales, tanto en el aspecto profesional como en el retributivo", han decidido posponer la convocatoria.

Según el portavoz de la UPS, Luis Martín Contreras, su intención es esperar a celebrar nuevas asambleas regionales para dar a conocer el texto íntegro del anteproyecto y unificar criterios para plantear una huelga indefinida, con el fin de lograr la retirada del anteproyecto, que tampoco recoge las viejas aspiraciones del secretariado de reforma de la oficina judicial.