Asimismo, indica que se debe garantizar que al menos el 65% de las horas de atención directa a los usuarios en situación de dependencia que ofrece una entidad prestadora de servicios se corresponden con contratos a tiempo completo.

El documento de trabajo recoge, no obstante, la posibilidad de no alcanzar estos mínimos, siempre que se acredite la imposibilidad por falta de oferta profesional.

Además, el borrador incide en la obligación de cumplir con la cuota de empleo reservado para personas con discapacidad que recoge la legislación española (Real Decreto 1/2013, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social).

FORMACIÓN

Según el texto, todos los profesionales dedicados a la atención indirecta tendrán que poseer un título universitario de grado o similar. Del mismo modo, todos los que se dediquen a la atención directa de los usuarios en situación de dependencia tendrán que poseer titulaciones de Formación Profesional como Técnico en Auxiliar de Enfermería, Técnico en Cuidados de Enfermería, Técnico en Psiquiatría o Técnico en Atención a Personas Dependientes, o bien poseer una certificación profesional de sus competencias.

De forma excepcional, el documento prevé conceder la habilitación profesional a todo aquel personal que hubiera trabajado con anterioridad a la finalización del último acuerdo para la contratación extraordinaria derivada de la situación de pandemia que haya acreditado un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años en su categoría profesional. O bien que demuestre 300 horas de formación relacionada con las competencias profesionales que se deseen acreditar.Estas certif icaciones tendrán validez dentro de todo el territorio del Estado.

Las personas que no hayan podido acceder a la habilitación excepcional y que se comprometan a participar en los procesos de evaluación y calificación de la experiencia laboral podrán habilitarse profesionalmente hasta el 31 de diciembre del presente año, a fin de "garantizar la estabilidad del empleo".

En los pequeños municipios y en el mundo rural de las islas, la intención del Gobierno es que se puedan cubrir los puestos de trabajo del SAAD con personal no cualificado, siempre que se demuestre la imposibilidad de contratar profesionales titulados por ausencia de oferta laboral.

Estos trabajadores permanecerán en su puesto hasta que aparezcan otras personas que sí reúnan las cualificaciones requeridas o bien ellos obtengan la certificación correspondiente.

Las personas contratadas en estas circunstancias tendrán derecho a recibir formación previa a su incorporación al puesto de trabajo y podrán utilizar para ello hasta el 20% de su jornada laboral.

Todas las entidades tendrán que diseñar planes de formación para sus empleados, a fin de mejorar las competencias de los profesionales y la calidad de la prestación de los servicios. Se procurará que dichos planes faciliten la obtención de certificaciones profesionales para todos los trabajadores que puedan precisarlas.